Parece peor el remedio que la enfermedad. Poner tope a la subida de los alquileres, el 2% el año pasado y el 3% éste, una medida estella para contener la subida de precios, parece aportar más problemas que soluciones. El precio medio del alquiler ha subido más del 15% en el último año en España. El 20% en Valencia, y el 50% en algunos barrios, como Ciutat Vella o el Cabanyal.
Que salgan esas medias sin que las subidas de los contratos vigentes puedan subir más del 2% anual (mucho menos que el IPC), significa que los contratos nuevos están aumentando por encima del 50%. Y en algunos casos extremos, como el del centenar largo de viviendas gestionado por una empresa pantalla de Cerberus, en la avda. de la Plata, en más del 400%.
Nos vamos a ir encontrando con la no renovación generalizada y masiva de los contratos actuales para que los propietarios, ya sean grandes o pequeños, fondos buitre o bancos, puedan tener las manos libres (los grandes por avaricia, los pequeños por necesidad) para incrementar brutalmente los precios en los nuevos contratos. Debatir si se sube ese tope del 2% al 3% es ridículo. Y la ley de Vivienda que se está negociando, en los términos que vamos conociendo, no parece que vaya a solucionar el problema. ¿Se acabó lo que se daba?
Resistencia
Impedir los desahucios es necesario, pero no es suficiente ante las decisiones judiciales inhumanas que priman los intereses de bancos y fondos buitre antes que a las personas, pasándose por el forro las recomendaciones europeas en lo que respecta a familias vulnerables y con hijos. Y sufriendo a menudo la actuación salvaje de la policía.
Avances y parches
Algunas cosas han ido cambiando en los dos últimos años aunque de forma totalmente insuficiente en proporción a la magnitud del problema. Pero hay que resaltarlas. Una es la ley de tanteo y retracto aprobada por la Generalitat Valenciana y que debería generalizarse. Ha permitido rescatar decenas de viviendas y familias que iban a ser engullidas por fondos buitre. Solo en la calle Vicente Brull del Cabanyal-Canyamelar tenemos dos edificios enteros.
Pero hay más. Este mes, gracias a los sindicats de barri, se ha ocupado otro edificio para albergar a 12 familias vulnerables. Ese edificio, propiedad de la Generalitat (sic), iba destinado supuestamente a acoger a mujeres maltratadas pero llevaba años cerrado. Desde aquí todo nuestro apoyo a esta acción.
Más ladrillo, es la guerra
Dicen los “expertos” que Valencia necesita 40.000 nuevas viviendas para cubrir la demanda y contener los precios. Lo que no dicen es la demanda de quién. Porque ¿de qué demanda estamos hablando? En la última década se han construido más de 5.000 viviendas pero la población no ha aumentado en un solo habitante. Si hacemos cuentas de conjunto, son los especuladores, y no las personas, los que demandan miles de viviendas como “inversión”. Y eso no llevará a una bajada de precios sino al estallido de otra burbuja mientras la gente tiene que compartir piso o vivir con sus padres hasta la jubilación.
La ciudad tiene cerca del 15% de viviendas vacías (10% de media en España y más del 20% en el Cabanyal), sin contar las que necesitan rehabilitación. Eso en Valencia son unas 60.000. El 150% de las necesidades actuales según los “expertos”. Pero eso se lo callan.
España tiene un miserable 1% de vivienda social frente al 38% de Países Bajos o el 14% de Francia. Convertir la Sareb en una empresa pública para gestionar vivienda social sería lo justo. Y necesario. Financiado con la devolución del rescate a la banca. Y qué ha hecho la Generalitat? Pues dar una de cal y otra de arena: aprobar la ley de tanteo y retracto, construir 15 viviendas sociales en 8 años y proponerse comprar 500 viviendas a la Sareb para alquiler social. Comprarlas otra vez, porque ya las hemos pagado.
Y la “alternativa” por supuesto es peor. La alternativa de privatizarlo todo para forrarse. Como hizo Ana Botella en Madrid o como ha hecho Mª José Catalá con la Universidad Internacional de València cuando era consellera de Educación. La privatizó por 6 millones (había costado 30). Al año siguiente duplicó su valor y ella acabó contratada y cobrando un sueldo que se niega a hacer público. Lo de siempre. Esta gentuza debería ser inhabilitada para cargo público.