Se mire como se mire y se diga como se diga, los okupas togados, en rebeldía desde hace meses (unos) y años (otros), en connivencia con la derecha (y parte del propio legislativo), y los medios de comunicación ultramontanos, han maniatado y amordazado a los legítimos representantes de la soberanía popular sobrepasando todos los límites legales, y eso es grave. Gravísimo. Unos funcionarios del Estado con el mandato caducadohan conspirado de forma organizada para secuestrar el Parlamento, en una flagrante extralimitación de sus poderes constitucionalemnte ya revocados. Eso es un acto de sedición de manual. Cualquier otro ciudadano habría sido desalojado por la fuerza y llevado ante la (verdadera) Justicia. Delincuentes. Otros por algo parecido han ido a la cárcel o han huído del país.
Algunos dicen que es para aferrarse al sillón. Algo de eso hay. Circula en redes un mensaje: «Mi hija de 3 años me ha dicho que no puede votar por su postal navideña. Sabe más de democracia que los jueces del CGPJ y el TC». Y algo de razón tiene. La ley que han paralizado, impidiendo que se votara en el Senado, se proponía justamente y por mandato constitucional la renovación de sus propios cargos: algo que les afecta directamente. No lo hicieron ni en Cataluña. También se dice que es para que los “conservadores” condicionen los juicios a sus cómplices en el PP, pillados con las manos en la caja, en un año que se prevé turbulento y de gran afluencia en los tribunales. Algo de eso hay también.
Pero lo que está en juego de fondo es si este año electoral consiguen que el país cambie un gobierno moderadamente progresista (y con sus claroscuros) por otro cavernícola que revoque leyes como la reforma laboral, de memoria histórica, y medidas como el impuesto a los ricos, a la banca y a las eléctricas, para volver al esclavismo, la precariedad, las privatizaciones y los saqueos que “M punto Rajoy” y su jauría dejaron a medias, dejando el país a los pies de los caballos. De momento, ya lo declaran “ilegítimo”.